El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, explicó este 23 de enero de 2023 que el ingreso de la Policía Nacional, con derribo de puertas, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se hizo ante un pedido de sus propias autoridades y por la comisión de un delito, en flagrancia, de algunos de los manifestantes antigubernamentales allí alojados.
En entrevista con RPP Noticias, Romero dijo que el operativo en la universidad se desarrolló, el último sábado, «a petición de parte y por flagrancia» porque el viernes «se hizo una denuncia por el ingreso de 300 personas de forma violenta, quienes sacaron a los vigilantes y les quitaron sus radios y encadenaron las nueve puertas de ingreso«.
Las autoridades de San Marcos también enviaron una solicitud pidiendo la intervención policial, añadió el ministro, y por ese motivo «se ingresó ante la flagrancia de un delito y en estado de emergencia, es decir, en cumplimiento de la ley».
En ese sentido, Romero reiteró que la «intervención de la Policía Nacional fue dentro del respeto a la ley y derechos humanos«.
Sin embargo, este centro universitario denunció el domingo que en el desalojo que llevó a cabo la Policía Nacional de Perú (PNP) en su campus, donde acampaban manifestantes antigubernamentales, se dio un «abuso de autoridad» e indicó que en el operativo no hubo presencia del Ministerio Público.
«La Policía en evidente uso de fuerza ingresó al campus universitario sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente», señaló en el comunicado la Oficina General de Imagen de la UNMSM.
Explicó que el viernes 20 de enero la propia universidad denunció que «un reducido grupo de estudiantes en colaboración con algunos manifestantes» redujeron de forma violenta al personal de seguridad de la misma, les robaron materiales y que estos dañaron las cámaras de seguridad del centro, lo que ponía en riesgo «a todas las instalaciones y la integridad de los estudiantes de la residencia».
Ante estas acciones, la universidad denunció lo ocurrido y solicitó «únicamente» la liberación de las puertas tomadas; sin embargo, en la acción policial del día siguiente se dio un «abuso de autoridad».
En el comunicado también rechazan la intervención de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en la residencia universitaria, «que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos».
La PNP echó abajo con una tanqueta la entrada de la universidad e ingresó el sábado al campus para desalojar a cientos de manifestante venidos de todo Perú para participar en las protestas antigubernamentales y que acampaban en su interior.
El gran operativo que comenzó a primera hora de la mañana acabó con la detención de 193 personas, entre manifestantes y estudiantes que fueron liberados el domingo. EFE
