GAD elección trascendente

Gonzalo Clavijo Campos

El Artículo 3, numeral 6 de la Constitución del Ecuador, establece como deberes primordiales del Estado: “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización”, para procurar ampliar la democracia y viabilizar a un país productivo, igualitario y territorialmente justo.

En ella, se establece un nuevo modelo de descentralización caracterizado por la asignación obligatoria de competencias. Además, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) define tipos de competencias: exclusivas, concurrentes, privativas, adicionales y residuales.

Se precisa las competencias para los Gobiernos Provinciales, fijando lo rural como su ámbito predominante de intervención y centrando su gestión en el fomento al desarrollo productivo, manejo de cuencas y microcuencas y en la generación de infraestructura que favorezca ese desarrollo, principalmente, en vialidad, riego y energía.

A las municipales se les asigna las importantísimas tareas de planificar el cantón, controlar el uso y ocupación del suelo, la vialidad urbana, servicios públicos de agua potable, alcantarillado, sólidos y saneamiento ambiental, el tránsito y transporte terrestre; cuidar la infraestructura física y equipamientos de salud, educación, cultura y deporte;  proteger el patrimonio arquitectónico, cultural y natural, controlar la explotación de áridos y pétreos  y gestionar la cooperación internacional.

No menos importantes son las competencias de los GADP de planificar el desarrollo parroquial, cuidar la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos, vialidad rural; actividades productivas comunitarias, preservación de la biodiversidad y protección del ambiente, aun cuando los recursos asignados a ellas aún son por demás limitados.

Las competencias obligatorias asignadas a los GAD son esenciales para el desarrollo y progreso de la población ecuatoriana, por ello, las elecciones de autoridades seccionales son trascendentes y debemos hacerlo con la mayor responsabilidad. Está en nuestras manos el futuro del país: 24 provincias, 221 cantones y 816 parroquias rurales. (O)