Ha sido necesario el escándalo por presunta corrupción para intentar tomar correctivos en las empresas del sector eléctrico y petrolero, en especial por la graciosa discrecionalidad otorgada a los gerentes de Petroecuador y Celec.
En su orden, aquellos dos funcionarios tenían la potestad para firmar contratos hasta por USD 100 millones y USD 20 millones, sin necesidad de ser aprobados por los respectivos Directorios.
Son los llamados “valores máximos de contratación” u “ordenadores de gasto”, una prerrogativa inconcebible por donde se lo mire; proclive a despertar suspicacias, cuando no, de tentar aun al más puritano.
La pregunta es cómo los diferentes gobiernos –ni se diga el actual- permitieron semejante “discrecionalidad”, cuya sola existencia debió llamar la atención de los órganos fiscalizadores, ni se diga de las instancias anticorrupción creadas, con la mejor intención, creemos, al interior de cada régimen.
No se trata de generar sospechas en quienes han dirigido las citadas empresas; pero sí de advertir las posibles implicancias al manejar, como una especie de “caja chica”, semejantes cantidades de dinero con su solo visto bueno.
La nueva administración de la poderosa Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), bajo cuyo paraguas se cobijan 13 empresas -Petroecuador y Celec entre ellas-, se apresta a revisar los valores máximos de contratación puestos a la discrecionalidad de cada gerente.
El plan prevé, por ejemplo, segmentar esos valores de acuerdo al tipo de gasto a realizarse en cada una de esas 13 empresas, cuya transparencia de información financiera también es parte del proyecto, pues ninguna la tiene auditada.
Los gerentes deberán proponer al nuevo gerente de Emco una propuesta para evaluar los montos a manejarse bajo su directa responsabilidad.
Todo cuanto se haga por la transparencia en esas empresas será bienvenido, si bien el camino es largo para saber el desenlace de las denuncias cuyo principal afectado es el Gobierno.
