Con 104 votos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este sábado, 4 de marzo de 2023, el informe del caso #GranPadrino en contra del presidente Guillermo Lasso por delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado, elaborado y aprobado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción.
El análisis comenzó con unas dos horas de la lectura del informe, para dar paso luego a la intervención de los legisladores.
Con seis votos a favor de la moción y uno en contra, la Comisión recomendó el pasado miércoles que el pleno de la Asamblea Nacional interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados.
Estos actos giran en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada.
La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de un juicio político al Presidente por delitos «contra la seguridad del Estado» o por «concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito».
Ese artículo también establece que, «para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo».
El ministro de Gobierno (Política), Henry Cucalón, ha criticado el informe de la Comisión que investiga el caso y ha dicho que, incluso, analistas de oposición lo han rechazado.
Gobierno rechaza aprobación del informe
Henry Cucalón, ministro de Gobierno, mediante un video difundido en horas de la tarde de este mismo viernes, reaccionó a la aprobación del informe y dijo que la forma carece de validez jurídica y no es vinculante.
“En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personajes que debían ser investigados”, mencionó.
Criticó que la aprobación no sea un acto de fiscalización “sino de evidente desestabilización”.
Insistió en que “no hay mérito alguno para un juicio político”.
