Naturalizar la violencia deja en la indefensión a la mujer, aseguran expertas

Uno de los femicidios recientes es el de Castillo, el reciente 21 de febrero.
Uno de los femicidios recientes es el de Castillo, el reciente 21 de febrero.

La liberación de dos femicidas y la muerte de una mujer en Cuenca solo deja en evidencia que la violencia contra la mujer es un mal que esta lejos de acabar. Cada vez hay menos confianza en el sistema de justicia y sus funcionarios.

La liberación de Carlos Flores Santander y Luis Eduardo Cordero, sentenciados por femicidio en Azuay, estremeció a las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, a expertos y ciudadanos sobre el sistema de justicia y el actuar de sus funcionarios.

Flores fue sentenciado a 35 años de privación de la libertad por la muerte de Cristina Palacios en marzo de 2017, mientras que Cordero recibió 34 años y 8 meses por la muerte de Bertha Minchala en noviembre de 2016. Ambos casos ocurrieron en Cuenca.

La medida de excarcelación fue otorgada el jueves 2 de marzo de 2023 por la jueza multicompetente del cantón Montecristi, pero fue revocada un día después tras la presión social de organizaciones y la reacción del presidente Guillermo Lasso.

Pese a ello, se agudizaron las dudas por el actuar de los funcionarios de justicia y se cuestiona al sistema de judicial.

Azuay

Para María Isabel Cordero, directora de Fundación Sendas, lo más grave es la facilidad que tienen los victimarios y delincuentes para salir en libertad.

El sentenciado Flores, por ejemplo, solicitó tres veces su libertad en Cuenca y las tres le fueron negadas hasta que su petición llegó al juzgado de Montecristi. Por esa resolución, Cordero considera que la juez debe ser sancionada y, tanto Flores como Cordero, retornar a prisión.

“Ahora (luego del anuncio de revocatoria de medidas) lo que esperamos es que den con su paradero”, enfatizó la activista.

Para ahondar la crisis de un sistema judicial que no favorece a las mujeres, agrega Cordero, el Estado no ha garantizado su protección al desmantelar instituciones garantes de la Ley como las comisarías de la mujer y el Ministerio de Justicia.

Además, el actual Ministerio de la Mujer se ve restringido por la falta de recursos financieros para tomar acciones reales.

No es percepción que la violencia es fuerte en Azuay, asegura Cordero. Según las estadísticas recientes, 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia en Azuay, cuando la media en el país es de 7 de cada 10.

Con estos datos coincide la segunda encuesta nacional sobre violencia contra la mujer realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2019, en que se revela que la prevalencia de la violencia en la provincia es la más alta del país.

Con estas cifras, «la solución debe ser radical y sin consentimientos», enfatizó la activista.

Aportes

Lola Balladares, especialista en temas de violencia de género, argumentó que la base principal de este problema en el país es la naturalización de la violencia y la discriminación que sufre la mujer.

A ella le preocupa que los altos índices actuales de violencia se mantengan y le llama la atención que Cuenca y Azuay tengan un índice más alto que la media nacional.

En materia legal, considera que existe la necesidad de que en Ecuador se activen todos los estándares de protección de derechos humanos para las mujeres establecidos en la Constitución y en las normas internacionales que el país ha ratificado.

“Pienso que Ecuador ha avanzado en materia de derechos contra la violencia hacia la mujer, con acciones como tipificar el femicidio en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) y agregar la reparación para las víctimas”, comentó.

Pero la dificultad que existe es la falta de aplicación de esos estándares y, desafortunadamente, en Ecuador hay un imaginario cultural que legítima la violencia y la discriminación contra las mujeres.

“Si eso no es una alama para los cuencanos (8 de cada 10 mujeres sufren violencia), no sé que esperan”, enfatizó.

Lola Balladares
Especialista en temas de género.

¿Cómo lo comprobó? Cuando hizo una de las primeras investigaciones sobre femicidios en el país, observó una constante en el pensamiento de los agresores. Por ejemplo, pensar que la mujer es de su propiedad, que su cuerpo es un objeto y que ellos toman decisiones sobre estos.

Las frases reiterativas en sus relatos o versiones eran “la maté porque era mía” o “ella tiene que ser mía y de nadie más”. Además, encontró que el momento de mayor riesgo es cuando ellas buscan alejarse y ellos ven que comienzan a perder poder sobre ellas.

Cree que esos imaginarios sociales también están presentes en los tomadores de decisiones como los administradores de justicia (jueces, fiscales, peritos, policías, abogados y más) y ellos se ven influenciados por este fenómeno.

Los movimientos

La especialista destacó el rol del movimiento de mujeres en Ecuador. Recordó que hasta la década de 1980 no se podía denunciar al esposo, porque este tipo de violencia era considerado como asunto privado. Los logros iniciales consistieron, entre otros, en alcanzar la primera Ley contra la violencia hacia la mujer en 1995.

Además, reconoce otros avances en materia de derechos plasmados en la Constitución de 2008. Otro momento importante es la inclusión del femicidio como delito dentro del COIP, a partir de 2014. “Soy positiva, creo que hoy se reconocen los derechos y hay una ley de segunda generación”, acotó.

Pero, en medio de este positivismo, recuerda que la violencia y la discriminación contra la mujer es un fantasma universal, disfrazado de distintas formas.

“Hay países en los que todavía se mantiene la mutilación genital femenina. Otros en los que el femicidio es un crimen de honor, por lo tanto es legal y se mantiene la trata de personas”, explicó.

Soluciones

Balladares y Cordero coinciden en que es importante reforzar y aplicar la Ley de segunda generación. También fortalecer el movimiento de mujeres como clave de visibilización.

Además, se deben impulsar acciones que prevengan y que busquen mecanismos de protección ágiles para las mujeres que vivieron situaciones de violencia y para las que requieran acceder a justicia y reparación.

Creen que es importante que Ecuador acoja la recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de tomar medidas de prevención contra la violencia y proteger a las víctimas. Pero para eso se necesita presupuesto.

El aporte de las mujeres es fundamental, fortaleciendo sus conocimientos en derechos y normas locales sobre erradicación de la violencia. “Claro que se requiere de una transformación estructural, pero necesitamos cambios radicales”, aseguran.

Aparte de una reparación integral, tro de los aspectos vitales consiste en cuidar a la familia de las víctimas, porque muchas de ellas han recibido amenazas. (FCS) (I)

Un mal precedente contra las víctimas

Sonia Salamea, madre de Cristina y presidenta de la Red de Familias Víctimas de Femicidio, no solo cuestionó la excarcelación de los dos ciudadanos, incluido el asesino de su hija, también lo hizo sobre el traslado de ambos a una cárcel de mínima seguridad.

Calificó como un mal precedente en contra de las familias y a favor de los femicidas privados de la libertad en el país.

Lo que también le preocupa es que el dictamen haya sido dado desde la Unidad Judicial de Montecristi. “Como familia estamos indignados… no hay por dónde perderse”, agregó.

De su parte, Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, coincidió con el comunicado emitido por el Cabildo de Mujeres y rechazó las medidas cautelares concedidas a los femicidas de Cristina Palacios y Bertha Minchala. “Exigimos respuestas y revocatoria de infame decisión judicial”, señaló la representantes judicial de Azuay.

Plantones por Maribel Castillo

La madrugada del martes 21 de febrero de 2023 desapareció Maribel Castillo, una enfermera de 47 años de edad. Cinco días después su cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda abandonada en el sector Las Orquídeas.

La autopsia confirmó que Maribel Castillo murió por estrangulamiento. El principal sospechoso es un hombre que la acompañó a tomar un taxi aquella madrugada.

Según Leonardo Amoroso, Fiscal de Azuay, en la autopsia se determinó que también sufrió una fractura de cráneo.

Los familiares esperan la captura del o los implicados en la muerte violenta luego de que señalaran al principal sospechoso Johan C.

El día que fue localizado el cuerpo de Maribel, él ya no apareció, puesto que los familiares de la víctima lo fueron a buscar en una vivienda ubicada a tres cuadras de donde fue encontrada sin vida la mujer. Han realizado plantones y seguirán con más acciones hasta tener respuestas. (I)