La convocatoria a la «Asamblea Ciudadana por la Vialidad del Azuay» de este jueves 2 de marzo en el Colegio de Arquitectos por parte de la Cámara de Construcción de Cuenca, Cámara de la Pequeña Industria CAPIA y Colegio de Arquitectos del Azuay tuvo una gran afluencia de representantes de los sectores productivos, colegios profesionales, universidades, transporte, Federación de Barrios, asambleístas y alcaldes en funciones y electos, ya que el abandono de la vialidad primaria afecta gravemente a todos.
La Arq. María Cristina García, presidenta de la Cámara de la Construcción, fue nominada como presidenta de la Asamblea. En su primera intervención, expresó que la respuesta de todos los estamentos de la provincia, que se extendió al Cañar, se debe al evidente abandono vial, la falta de mantenimiento de carreteras del austro y el incumplimiento de ofertas, siendo un encuentro histórico de unidad, sin banderas políticas, con propuestas y soluciones.
El Eco. Enrique Serrano, un profesional conocedor y preocupado por la problemática vial, explicó que en el período 2007-2018, según información oficial, se invirtieron 11.058 millones de dólares en la red estatal, correspondiendo 302 millones al Azuay, lo cual no representa ni el 3%. Además, no guarda ninguna relación con el aporte en impuestos en el mismo período alcanzó los USD 5.398 millones. Para este año 2023, el Ministro de Obras Públicas, Lcdo. Darío Herrera, presentó un presupuesto por 8,1 millones de dólares, cuando el Azuay tributó 888 millones el año anterior, siendo esta cifra una verdadera ofensa para la provincia y la gota que derramó el vaso de la paciencia ciudadana.
Los representantes que intervinieron coinciden en la importancia de la unidad ciudadana para este justo reclamo; no hay confianza en el centralismo y menos del gobierno en funciones que ha despreciado al Azuay. Se aprobaron por unanimidad la conformación de un Comité de Gestión por la vialidad, una gran marcha multitudinaria en Cuenca y, de ser necesario, en Quito y un paro provincial en caso de que el presidente Guillermo Lasso no dé respuesta a las obras priorizadas para su urgente intervención y que constan en el Acta de resoluciones de la Asamblea. (O)
