El presidente Lasso emitió dos nuevos estados de excepción, que regirá para las provincias de Manabí y Los Ríos, y el cantón Durán; y uno adicional para el sistema penitenciario.
Tras el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, el presidente Guillermo Lasso emitió un nuevo estado de excepción, que esta vez regirá para las provincias de Manabí y Los Ríos, y el cantón Durán, en Guayas, con el objetivo de combatir la inseguridad y la violencia en el país.
De manera adicional, dictó otra medida similar en todas las cárceles del país. Estas son la onceava y doceava acción de este tipo que se adopta durante el actual Gobierno.
La medida entró en vigor de inmediato e incluye un toque de queda que se aplicará en las tres poblaciones desde las 22h00 hasta las 05h00 del día siguiente.
El tiempo de vigencia del estado de excepción será de 60 días.
Según reza el argumento del decreto ejecutivo con el que se adoptó la medida, esta se la adopta por grave conmoción interna y ante el incremento de los índices de criminalidad y violencia.
Así como por las actividades de grupos de delincuencia organizada, cuyas prácticas se han recrudecido, eventos cuya escalada pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su integridad y su vida.
“Con el decreto de excepción podemos actuar con mayor contundencia, como lo vamos a hacer por la orden que le he dado a las Fuerzas Armadas y a la Policía, actuar con contundencia y utilizar, cuando sea necesario, el arma de dotación para someter a los delincuentes”, afirmó el presidente Guillermo Lasso.
La adopción del nuevo estado de excepción se anunció en la visita que el primer mandatario le hizo ayer a Luis Chonillo, alcalde de Durán, quien el 15 de mayo del 2023, a pocos días de asumir el cargo, también sufrió un atentado en el que murieron dos policías que le daban seguridad.
Onceavo intento de combatir la inseguridad
Este es el onceavo estado de excepción que el presidente Guillermo Lasso emite en los 26 meses de su mandato, con el objetivo de disminuir los índices delincuenciales, en este lapso ha adoptado esta medida a nivel nacional, que fue el caso del primer decreto de este tipo que fue promulgado el 18 de octubre del 2021.
Además, ha emitido estados de excepción focalizados, destinados a las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Sucumbíos.
Incluso se ha adoptado la medida para ciudades específicas, entre estas Durán, Guayaquil, Samborondón, en Guayas; y San Lorenzo, en Esmeraldas.
Para Mario Carrillo, experto en seguridad, los estados de excepción adoptados por el Gobierno se han constituido en soluciones parche, que no abonan a una solución integral de la inseguridad que vive el país desde hace más de tres años.
Aunque el experto reconoce que, efectivamente la presencia de los militares ayuda a disminuir los índices delincuenciales, esto solo se mantienen mientras rigen los estados de excepción, pero, en cuanto la medida termina y salen del territorio, las bandas delincuenciales retoman el poder, por lo que no se da una solución definitiva, que se lograría con una política integral de combate a la delincuencia.
Medida para las cárceles
En el actual período de Gobierno también se han emitido estados de excepción para detener la violencia en las cárceles, este 25 de julio del 2023 el presidente Guillermo Lasso emitió uno adicional, el cual se aplicará en todos los centros de detención del país, por 60 días.
En cumplimiento de esta medida, este 25 de julio del 2023, en la madrugada, las unidades de élite de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ingresaron a la Penitenciaría del Litoral, donde se registran enfrentamientos desde el pasado domingo 23 de julio del 2023 y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) han confirmado seis fallecidos.
“Crimen ha permeado al Estado”
Ayer el presidente Guillermo Lasso reconoció que el crimen organizado domina todas las actividades en el país, que opera dentro y fuera de las cárceles y que ha “permeado” al Estado.
“Las organizaciones criminales operan desde adentro de las cárceles y se disputan el negocio de la droga y otros delitos, no podemos negar que el crimen organizado ha permeado al Estado, a las organizaciones políticas y a la misma sociedad. No es un problema que empezó hoy, se viene gestando desde hace más de una década y ha estallado los últimos años con una violencia post pandemia, que nos sorprende a todos”, dijo Lasso.
Para combatir la violencia que vive el país, Lasso propone trabajar en conjunto, con las autoridades locales, pero, sobre todo, de la mano de la justicia, a la que responsabilizó de la impunidad, pues el trabajo de policías y militares queda en nada cuando son liberados gracias a acciones judiciales.
