La inseguridad, la crisis económica y el combate a la corrupción marcan los desafíos del próximo presidente, que tendrá 17 meses para dar los pasos y encaminar acciones concretas que permitan salir de la espiral de violencia, mejorar las condiciones financieras y luchar contra la impunidad.
“Las prioridades no han cambiado respecto de 2021. El reto es demostrar que se puede hacer las cosas de manera distinta y obtener resultados positivos. El primer elemento para lograrlo es la voluntad política que tenga el Gobierno entrante”, indicó el politólogo Mauricio Alarcón.
El director de la fundación Ciudadanía y Desarrollo agregó que, el segundo punto es el realismo, que el gobierno comprenda lo que puede hacer durante ese tiempo, con los recursos económicos disponibles y con un complejo panorama político.
“A esto se suma la gobernabilidad y no pasa únicamente por la relación con los sujetos políticos de la Asamblea, sino, principalmente con la ciudadanía. Si el gobierno no logra conectar y escuchar a los ciudadanos en la búsqueda de soluciones va a perder legitimidad, credibilidad y confianza y es lo que hay que evitar”, aseguró.
Pacto social
Este gobierno surge de una elección atípica, para un período de menos de la mitad de un mandato regular y que se va a dar prácticamente a puertas del inicio del nuevo proceso electoral.
Ana Cecilia Salazar, analista política, considera que el nuevo Mandatario debe lograr un pacto social que involucre a la población y en coordinación con las políticas gubernamentales fortalecer la institucionalidad para salir de un Estado capturado por el narcotráfico y las mafias políticas.
“No solo se trata de quién asume el Ejecutivo, sino de toda la institucionalidad. Este proceso electoral no solo ha sido anticipado, sino el más violento en la historia ecuatoriana por lo que marca un momento crucial en el país para que las fuerzas depongan confrontaciones y se unan en un proyecto de paz”, indicó.
En este sentido indicó que la prioridad es una nueva gestión en seguridad ciudadana y la reestructuración en los entes operadores de justicia, Policía Nacional y cárceles, este último donde se ha registrado uno de los mayores focos de violencia.
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Si ello ocurre, al finalizar el año Ecuador se convertirá en el país más violento de América Latina, comentó la especialista en temas de seguridad Carolina Andrade.
Costo económico
La inseguridad tiene un «gran costo económico» y una afectación en el desarrollo de negocios y emprendimientos, lo que deriva en menos plazas de empleo.
“El desafío es ajustar la seguridad de forma inmediata y certera. La seguridad es lo fundamental, sin esto ninguna actividad económica surge”, aseveró Luis Tobar, analista económico.
Para el experto, el nuevo Mandatario deberá priorizar su trabajo en varios ejes, entre ellos, fortalecer la dolarización, impulsar las exportaciones con nuevos mercados, atraer la inversión extranjera, desarrollar inversión pública y promover la del sector privado y reformar el seguro social.
“La dolarización se mantiene con exportaciones, diversificando los mercados. La inversión extranjera en el primer trimestre captó solo 17 millones de dólares, una de las más bajas. El próximo gobierno deberá fomentar las inversiones dando condiciones de seguridad y estabilidad a los inversores”, indicó Tobar.
Agregó que otro de los desafíos, es que el nuevo gobierno haga lo que ningún otro gobierno ha hecho: cobrar las deudas en firme que tiene el Servicio de Rentas Internas (SRI) por concepto de Tributos. Según datos de la entidad, este rubro asciende a 1.995 millones de dólares con un total de 500 deudores, con corte al 16 de agosto.
Asimismo, el nuevo gobernante debe combatir los niveles de pobreza y pobreza extrema, generar nuevas plazas de trabajo, sobre todo, empleo adecuado.
Asamblea Nacional
La politóloga Ana Cecilia Salazar, aseguró que la confrontación y polarización han sembrado una cultura política que genera odio y difamación, lo que hace que la política se desacredite.
“En la Asamblea Nacional se requiere el compromiso de cada uno de los legisladores para que cumplan con sus obligaciones y no se enfrasquen en confrontaciones. La clase política tiene una obligación moral de comprometerse a recuperar la paz y la ética del país”, indicó.
Para los expertos, es fundamental que los asambleístas, que estarán 17 meses en el cargo se dediquen a legislar y fiscalizar de manera ordenada y eficiente para dejar atrás el fantasma de la anterior Asamblea que llegó a tener 4% de aceptación.
Salud y educación
Entre otros, los retos que tendrá el nuevo gobierno son también mejorar los servicios públicos; priorizar el gasto para fortalecer el sistema de salud y el de educación.
“Para la admisión en la Universidad de Cuenca hubo 19.000 aspirantes para el año lectivo 2023-2024. Pero la universidad apenas tenía 3.800 cupos”, recordó la politóloga Salazar, al dar cuenta del desafío que representa la educación.
“Urge una ley de gestión de riesgos”
El nuevo Gobierno tendrá la expectativa de los efectos del fenómeno de El Niño, que se prevé llegue al país en el último trimestre de 2023.
“Hay la necesidad urgente de contar con una ley de gestión de riesgos, es un tema pendiente de periodos legislativos pasados, ante una situación de emergencia como la que se podría vivir con el fenómeno climático”, indicó Mauricio Alarcón, director de la fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Agregó que, otra deuda grande es una ley que regule los estados de excepción, que eventualmente el presidente de la República decretara ante los estragos de El Niño, una norma que ha pedido la Corte Constitucional al Ejecutivo, pero no se ha ejecutado.
El analista político César Ulloa cree que, quien reemplace al presidente Guillermo Lasso deberá coordinar acciones con las autoridades locales para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño.
Las pérdidas que calcula el Gobierno ante un devastador fenómeno serían de entre 2.000 millones hasta 4.000 millones de dólares.
“Las afectaciones del fenómeno repercuten en todos los niveles, porque se cierran negocios, bajan las ventas, disminuye la recaudación de tributos y se vuelve algo cíclico en la economía, lo que puede llevar a generar propuestas populistas”, afirmó el analista económico Luis Tobar.
Agregó que, a esto se suma que a partir de 2025 Ecuador tendrá más presiones, porque ese año comienzan los primeros vencimientos de capital de la deuda externa en bonos que tiene que pagar el estado. Además, el pago de capital del préstamo del FMI aumenta también desde 2025. (PNH)-(I)
DATOS
- El mandatario electo deberá culminar el período para el que fue elegido el presidente Guillermo Lasso, que debía gobernar hasta el 24 de mayo de 2025.
- El país llegó a sus elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias, inmerso en una profunda y compleja crisis de seguridad.
- La Asamblea Nacional está conformada por 137 legisladores. La mayoría absoluta es la mitad más uno y la mayoría calificada, son 91 votos.
