Cinco momentos de la polémica por proyecto inmobiliario de Lavinia Valbonesi

Comuneros de Olón protestan en contra de la construcción del proyecto en una zona protegida.

De acuerdo con la Fundación La Iguana esta es parte de la zona protegida que pretenden afectar en Olón con el proyecto ECHO.
De acuerdo con la Fundación La Iguana esta es parte de la zona protegida que pretenden afectar en Olón con el proyecto ECHO.

La construcción del proyecto inmobiliario ECHO ha despertado polémica en el país, pues involucra a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, y a autoridades y políticos vinculados con el Gobierno.

Este proyecto se emplaza en la comuna de Olón, parroquia Manglar Alto, provincia de Santa Elena.

Momento 1: La protesta de los comuneros

Las protestas de los habitantes de la comuna de Olón, el 6 de mayo del 2024, levantaron las alertas sobre el inicio de la construcción del proyecto.

Los actos de rechazo se produjeron después de que la empresa realizó la tala de manglar en el sector llamado Esterillo de Oloncillo, sitio declarado protegido desde 2001.

Momento 2: El otorgamiento de la licencia

Para que la construcción del proyecto inicie, debió contar con la licencia ambiental, la cual se la otorgó el Ministerio de Ambiente el 5 de diciembre, 13 días después de que Daniel Noboa se posesionó como presidente.

Además, pese a la insistencia de los medios de comunicación, el Ministerio del Ambiente, a cargo de Sade Fritschi, no se ha pronunciado sobre la entrega de la licencia ambiental en una zona protegida de Olón.

Momento 3: Los otros ministros involucrados

El informe de factibilidad del proyecto estuvo a cargo de la empresa Geosísmica, de la que es accionista Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y de Energía (e).

Durante su visita a Cuenca, el 7 de mayo del 2024, Luque evadió contestar las preguntas de los periodistas relacionadas con su participación en el proyecto inmobiliario.

Dentro de este tema también ha sido mencionada Mónica Palencia, ministra del Interior, quien en redes sociales y en una entrevista televisiva negó haber sido representante de la empresa Vinazin.

Ella y su hija solo se habrían encargado de la reforma del estatuto de la compañía.

“No voy a permitir que persona alguna ponga en tela de duda mi nombre o el de mi hija», señaló Palencia.

Además, indicó que «en 2020 recibimos autorizaciones para realizar actos societarios concretos, únicamente, y a favor de una empresa de actividad lícita y en nuestras funciones como abogadas».

Momento 4: Protesta de organizaciones

Yasunidos, a través de un comunicado, hizo público su rechazo al proyecto ECHO, en Olón.

Según la organización, el proyecto representa un riesgo al ecosistema del manglar, que está protegido constitucionalmente, por ser clave en la lucha contra el cambio climático y escudo contra las inundaciones.

Asimismo, criticaron el uso de la fuerza pública para frenar las protestas de los comuneros en Olón.

A decir de Yasunidos, eso significa usar los servicios públicos en beneficio de los intereses personales del presidente Daniel Noboa.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) calificó a lo ocurrido en el Esterillo Oloncillo como un ecocidio.

La organización considera este hecho una violación a los derechos de la naturaleza y de los habitantes del sector, por la destrucción del manglar.

Momento 5: Situación del manglar

De acuerdo con Andrea Fiallos, fundadora y presidenta de la Fundación La Iguana, dijo que hasta ayer (7 de mayo de 2024) la zona talada era una zona protegida y que, al día siguiente, cambió.

Fiallos denunció que Lavinia Valbonesi es accionista de la empresa que taló el manglar en Olón.

El asambleísta por el Azuay, Adrián Castro, señaló que pidió información al Ministerio de Ambiente sobre el manglar talado en Olón.

Según él, el Ministerio respondió que el esterillo Oloncito no pertenece al sistema nacional de áreas protegidas.

Además, se le informó que “el proyecto Echo Olón, es de bajo impacto ambiental”.

Para el legislador, este caso debe ser fiscalizado en la Comisión de Biodiversidad y en el Pleno de la Asamblea Nacional. (I)

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