Parte fundamental de la democracia es el respeto irrestricto al orden constitucional. Intentar argucias e interpretaciones maltraídas implica menoscabarlo, peor sin son en función de intereses personales.
El Presidente Daniel Noboa intentará ser reelegido en las próximas elecciones. Está en su derecho.
Según la Constitución, para ser candidato requiere encargar el poder a la Vicepresidenta Verónica Abad, mientras dure la campaña, incluyendo en el balotaje, si llegare a darse.
No tendrá otra alternativa. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los hechos encaminados a apartarle a Abad de dirigir el país, así sea por pocas semanas y con los mismas atribuciones de Noboa.
Según expresó el viceministro de Gobernabilidad y vocero del Ejecutivo, Esteban Torres, tal encargo no será factible por cuanto Abad “no comulga con la visión y las acciones del Mandatario”. “Sería nefasto” remató, como para despejar cualquier duda.
Varias acciones, aparentemente legales, están en marcha para ese objetivo.
Encargar el poder a quien no tiene confianza; al contrario, una enconada rivalidad desde la campaña electoral, deben ser los dilemas de Noboa, quien no tuvo reparos para enviarla a Israel, un país en guerra.
Un proceso investigativo pesa sobre el hijo de la Vicepresidenta por supuesto tráfico de influencias. A toda costa se pretende involucrarla. Está la acusación de haber hecho campaña electoral anticipada, sobre la cual debe pronunciarse el Tribunal Contencioso Electoral, expedito en similar denuncia hecha en contra de Noboa, habiéndola archivado.
En los próximos días se sabrá el desenlace de esas y otras acciones, amén del surgimiento de otras, como la pretensión de declarar a Abad en ausencia temporal en el cargo, argumentando “fuerza mayor” debido a su permanencia en el lejano Israel.
Lamentable circunstancia, una más dentro de la zigzagueante lucha por el poder político, sin importar el manoseo de la Constitución y demás leyes pertinentes.
