En un contexto democrático como el ecuatoriano, el rol de los asambleístas va más allá de ocupar una curul: implica ejercer el mandato popular con integridad, conocimiento y compromiso. Cada uno de los 151 legisladores tiene la responsabilidad de legislar en favor del país, poniendo al servicio del Ecuador no solo sus votos, sino su formación académica, experiencia profesional y sentido ético. El conocimiento técnico en derecho, economía, salud, educación u otras áreas debe traducirse en leyes justas, viables y necesarias que respondan a las verdaderas necesidades ciudadanas.
Destacar entre los 151 asambleístas no debe ser un objetivo personalista, sino una consecuencia natural del trabajo serio, del liderazgo responsable y del respeto irrestricto a la Constitución y a los principios democráticos. Aquellos que se distinguen son quienes debaten con argumentos, construyen consensos, fiscalizan con valentía y priorizan el bien común por encima de intereses particulares o partidistas. La política, entendida como servicio, exige coherencia entre el discurso y la acción, y una disposición constante a rendir cuentas.
El compromiso ético del asambleísta debe estar presente en cada decisión: desde la elaboración de leyes hasta la supervisión del poder público. Su vocación de servicio se manifiesta en escuchar a la ciudadanía, actuar con transparencia y defender el interés nacional. En tiempos de desconfianza institucional, el país necesita representantes capaces de honrar su juramento, ejercer su liderazgo con humildad y devolverle a la política su valor transformador. (O)
