Pese a que se encuentre entre las 5 actividades criminales más importantes, el perjuicio que causa la minería ilegal pasó desapercibido en el Ecuador durante los últimos años. Tan solo en los últimos meses, a consecuencia de la presencia de grupos armados que coordinan estas actividades, el tema se ha puesto en agenda nacional, no obstante, es irreversible la contaminación generada a la naturaleza en el oriente y sur del país.
A nivel regional, este fenómeno ya fue valorado en su tiempo, e incluso en 2012, se expidió la Decisión 774 – Política Andina contra la Minería Ilegal, la cual indica que, la minería ilegal representa un problema multidimensional, que amenaza la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad; ya que puede ocasionar o genera daños a la salud de los habitantes, al medio ambiente y a los recursos naturales.
A más de referirse a la seguridad, prevención, integralidad, cooperación, y combate integral, la Política definió los procedimientos de decomiso y/o incautación, destrucción, inutilización de bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados para la minería ilegal.
Luego del cobarde ataque que sufrieron las Fuerzas de Seguridad del Ecuador, en la que murieron 11 soldados, en la zona del Alto Punino, entre Napo y Orellana, el debate se abrió respecto a: ¿Cómo debería atacar el Estado este problema?
Y si bien es cierto, surgen distintas aristas del fenómeno, que van desde un proceso de reapertura del catastro minero, la militarización de la zona, el apoyo a las comunidades, la requisa y el desmantelamiento de la maquinaria que se usa para la explotación ilegal de recursos naturales, entre otros. Pocas son las voces que sugieren una estrategia global, la cual sea diseñada por expertos, y no por políticos o grupos de interés.
Se trata de un asunto de seguridad nacional, que no solo ha afectado a la soberanía ecuatoriana por el ataque perpetrado, sino que además se va en contra de la economía, pues se trata de aprovechamiento ilegal de los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos, sin pago de impuestos, ni regalías, y además, está la contaminación perpetrada que está generando importantes consecuencias a la biodiversidad, así como a los pueblos originarios que habitan el territorio y que han sido desplazados, así como una eventual repercusión internacional, por la responsabilidad objetiva del daño en las cuencas transfronterizas. (O)