Esta semana, el presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno. Aunque el Ejecutivo sostiene que la propuesta busca garantizar la seguridad ¿qué hay realmente detrás de esta iniciativa?
El proyecto incorpora reformas penales, de seguridad y tributarias, lo que ha generado cuestionamientos sobre su tratamiento como ley urgente en materia económica. En realidad, su objetivo parece ser disfrazar de urgencia una propuesta que facilita la concentración de poder en el Ejecutivo, al otorgarle la potestad de emitir reglamentos para definir aspectos clave de la ley, sin control legislativo.
Lo más preocupante son las disposiciones que podrían vulnerar garantías fundamentales. Entre ellas se incluyen allanamientos sin orden judicial, procesos penales abreviados y la creación de jueces especializados, lo que compromete el debido proceso. Además, se contempla la posibilidad de conceder indultos anticipados a miembros de las fuerzas del orden procesados por hechos vinculados al conflicto, incluso en etapa de investigación.
La aprobación de esta ley podría representar un grave retroceso para el equilibrio de poderes, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en Ecuador, los cuales ya tambalean. (O)