A propósito de que el día jueves 1 de mayo se celebró el día universal de los trabajadores, es oportuno un análisis sobre algunos derechos consagrados en la Constitución ecuatoriana, a favor de la clase trabajadora, y la realidad de dichos derechos en el marco de la gestión de los últimos Gobiernos.
Sobre el derecho social al trabajo, la Constitución establece en el artículo 33 que: “El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado”.
Si bien en 2008 se suprimieron ciertas aberraciones como la tercerización laboral, aún no se han logrado niveles salariales que permitan realizar el precepto constitucional de una “vida digna y decorosa”, y esto como resultado de una política salarial que, a pesar de ciertos reajustes anuales en las remuneraciones, ha sido predominantemente restrictiva, pues dichos reajustes han usado como parámetro básicamente la tasa inflacionaria.
El derecho a la seguridad social, aunque concebido constitucionalmente como un “derecho irrenunciable de todas las personas, que será deber y responsabilidad primordial del Estado” (art. 34), todavía no es plenamente cumplido en el Ecuador.
Aún más, si una de las cosas más innovadoras que establece la Constitución, en materia de derechos sociales, es la garantía del Estado para hacer efectivo el derecho a la seguridad social de las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, de los que realizan actividades de auto sustento en el campo, de los que trabajan de manera autónoma y de los desempleados, ese derecho no ha sido cumplido.
Durante el correismo se aprobó de manera incompleta la seguridad social para las personas que realizan el trabajo no remunerado en el hogar; pues éstas sólo se beneficiarían de una pensión jubilar luego de 20 años de aportes, realizados además por sus familias. En el morenismo y en el lassismo no se avanzó en nada en este tema; y hoy en el noboismo, se habla de un posible incremento de los años para la jubilación, así como de insistir en una “flexibilización laboral” que podría afectar los derechos de los trabajadores, y esto mientras el empleo adecuado decrece. (O)