Esta semana la Asamblea Nacional mando al traste un proyecto que tomó más de 6 años de trabajo, en donde se invirtió en especialistas en derechos de la niñez y adolescencia, análisis de datos, asesores legales y eventos internacionales. No aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia, una vez más poniendo la mira al país, como un estado indolente e incapaz de acoger las recomendaciones de la CIDH, y garantizar los derechos de niños y adolescentes.
Esto se traduce en prácticas que dejan en vergüenza a Ecuador, no solo por las desapariciones forzadas a niños y adolescentes, sino por casos como el de la Casa Hogar Enríquez Gallo, en donde niños en orfandad han vivido agresiones como privarles de alimentos, de agua caliente y de camas limpias, así como de atención integral y tutores preparados, pese a que el estado asigna por cada uno $1100 al mes.
Los castigos responden a su denuncia por irregularidades y maltrato por parte de nuevos funcionarios. Ahora su abogada recibe amenazas y se han violado todos los procesos legales que garantizan su protección. Esto nos lleva a pensar en el tipo de país en que vivimos y el futuro que nos espera, con adultos que crecieron en el desamparo y un estado que los considera criminales. (O)
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