El informe del Programa Global sobre Crímenes Ambientales de la ONU revela que bandas criminales controlan zonas de extracción de oro en Ecuador, mezclando operaciones ilegales con cadenas de suministro legales. No es una noticia nueva, es una lamentable realidad que ha provocado dolor y muerte desde hace algún tiempo en el país; sin embargo, un informe de un organismo internacional trasciende nuestras fronteras y desvirtúa, puertas adentro, discursos y narrativas oficiales nacionalistas que pretenden maquillar verdades dolorosas para vendernos un “nuevo Ecuador” en donde sus autoridades afirman que la “guerra contra el terrorismo” está permitiendo que se respire “un aire de libertad, justicia y tranquilidad” porque “algo maravilloso está ocurriendo”. Lejos sin embargo estamos de este engañoso discurso. Según expertos, el proyecto de ley presentado para desarticular las economías criminales no presenta las medidas financieras y tributarias, como tampoco políticas públicas para erradicar la penetración del crimen organizado en la estructura del Estado ecuatoriano.
En un país con una débil y quebrantada oposición –envuelta en sus propias incoherencias y desafíos–, con una institucionalidad trasgredida que nos cuestiona todos los días si vivimos o no en una Democracia, esta “guerra interna” podría convertirse en una guerra interminable que destruya aún más el quebrantado tejido social y ponga en grave peligro el equilibrio ambiental del país. En una sociedad como la nuestra, atravesada por crisis profundas, los derechos colectivos y de la naturaleza están en peligro. (O)