
Sigue el debate sobre la reforma a la Ordenanza que Regula el Uso, Gestión y Aprovechamiento del Suelo Urbano y Rural, y Actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y la Sanción del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).
Esta propuesta legislativa, compuesta por 110 artículos y 15 disposiciones derogatorias, además de una general y una transitoria, está en su etapa final antes de ser presentada al Concejo Cantonal de Cuenca para el segundo debate.
El PDOT y el PUGS son instrumentos clave de planificación territorial. El primero establece directrices para el desarrollo cantonal, mientras que el segundo regula el uso del suelo con el fin de lograr un crecimiento estructurado y sostenible.
Uno de los cambios que más controversia ha provocado se encuentra en el artículo 46, específicamente en los literales m y n, donde se identificó un error de interpretación relacionado con la prescripción y el fraccionamiento de predios.
Alcalde
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, ayer durante una reunión con pobladores de la comuna Gualalcay, de El Valle, quienes manifestaron inquietudes respecto a esta reforma, afirmó que dichos puntos fueron eliminados.
“No se trata del lote mínimo rural en este proyecto, y en urbanizaciones se aplicará el porcentaje mínimo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)”.
Ante la solicitud de incorporar la justicia indígena en la resolución de conflictos comunales, Zamora expresó su respeto por la autonomía con la que las comunidades deciden organizarse.
Se comprometió a informar al concejo sobre esta petición y a visitar la zona para conocer sus realidades, mediante una mesa de trabajo orientada a atender sus requerimientos.
Abogados
Por otra parte Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados del Azuay (CAA), explicó que el artículo 2 de esta reforma establece la visión de Cuenca, es decir, el propósito de las normas de ordenamiento territorial.
“Dentro de esta visión, que debería construirse con el aporte de todos los ciudadanos… el territorio debe adaptarse a los objetivos que buscamos alcanzar como ciudad y cantón…”, señaló.
Y añadió: “esta visión, al no surgir de un proceso participativo, presenta serias limitaciones. Empezando por el propio sistema de participación ciudadana, el cual no se refleja en la norma…”.
Recordó que el artículo 304 del COOTAD obliga a todos los municipios a contar con un sistema de participación, y establece que la ciudadanía debe intervenir en la planificación, ejecución y evaluación.
Añadió: “ahora han sustituido el concepto de participación ciudadana, contemplado en el artículo 96 de la Constitución del Ecuador, por el de socialización, que no es lo mismo desde ningún punto de vista…”.
Regulación de propiedad
Este jurista aclaró que el municipio tiene competencias para definir las actividades permitidas en las diferentes zonas, pero no para regular la propiedad de los terrenos.
Precisó que este tema está normado por el Código Civil en el caso de los terrenos urbanos, y por la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en el ámbito rural, por lo que se requiere otra regulación.
“Puedo dividir o parcelar mis terrenos conforme a esas leyes. Lo que el municipio debe hacer es autorizar o no el permiso para construir o destinar el suelo a un uso específico, como el industrial, por ejemplo…”, puntualizó.
Calle remarcó que, según el artículo 76, numeral 3 de la Constitución del Ecuador, el principio de reserva de ley implica que las infracciones y sanciones deben establecerse únicamente por ley, no por ordenanza.
La Lootugs
Advirtió que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs) aplica únicamente al área urbana y de expansión, por lo que no puede extenderse a lotizaciones rurales.
Además, insistió en que el fraccionamiento rural se vincula generalmente con procesos como herencias, parcelación agrícola o donaciones familiares, no con desarrollos urbanísticos.
“Se intenta aplicar normas urbanas al ámbito rural, lo cual obliga a que los propietarios cedan entre el 15 y el 35 % del terreno, incluso ejecuten obras de infraestructura si se deja una vía de acceso a las parcelas…”, subrayó.
Actualización
Para Patricio Ullauri, arquitecto e investigador en planificación, la actualización de esta ordenanza permite corregir inconsistencias técnicas detectadas en su aplicación anterior, lo que garantiza una planificación más clara y coherente.
Señaló que la reforma fortalece la protección de ecosistemas estratégicos al restringir actividades en zonas de recarga hídrica, lo que favorece un desarrollo urbano más armónico con el entorno.
Indicó que también se precisa mejor el uso del suelo destinado a vivienda de interés social, equipamiento público y áreas verdes, con el objetivo de lograr una distribución más justa del territorio.
A su juicio, esta reforma busca cumplir con lo que establece la normativa nacional, que obliga a los municipios a actualizar sus planes para asegurar su validez jurídica y funcional.
Recalcó que estos instrumentos mejoran la gestión del riesgo al delimitar con claridad las zonas aptas para construcción, especialmente en pendientes pronunciadas o sectores con alta vulnerabilidad ante deslizamientos.
“Se propone consolidar un modelo territorial resiliente e inclusivo, que permita a Cuenca enfrentar desafíos como el cambio climático, la movilidad sostenible y el crecimiento urbano sin control…”, expresó.
Consulta
Por otra parte, advirtió que las reformas, cuando se aprueban sin una consulta profunda a la población, generan incertidumbre que puede ser aprovechada por quienes no quieren cumplir las normativas.
Señaló que esta nueva ordenanza ha reclasificado algunos predios antes considerados aptos para edificación, que ahora constan como zonas de restricción o conservación, lo que limita el derecho a disponer libremente de la propiedad.
Afirmó: “las restricciones en áreas sensibles no siempre se comunican de forma clara a la ciudadanía, lo que provoca confusión y conflictos al solicitar permisos de edificación o uso del suelo…”.
Y concluyó: “aunque la participación ciudadana forma parte del proceso, en la práctica no siempre se recoge de manera adecuada la diversidad de criterios de los habitantes, sobre todo en sectores rurales y periféricos”.
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