En Cuenca, en terrenos donde antes no se permitían construcciones por restricciones legales o condiciones del suelo, ahora se autorizará la instalación de estructuras desmontables.
Esto consta en la reforma a la Ordenanza que Regula el Uso, Gestión y Aprovechamiento del Suelo, y actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y la sanción del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).
Este cuerpo legal lo aprobaron el pasado 1 de mayo, en medio de cuestionamientos de algunos colectivos, que lo califican como una norma restrictiva.
La normativa permite, por una sola vez, realizar construcciones móviles de hasta 30 metros cuadrados (m²) por predio, siempre que cumplan con ciertos parámetros técnicos y legales.
Además, establece que las actividades que se desarrollen no podrán alterar la morfología del terreno, afectar su valor ambiental ni incrementar su nivel de inestabilidad.
Para ello, se deberán obtener los permisos correspondientes en el Municipio de Cuenca o en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Construcciones móviles y desmontables en áreas sensibles
Marcelo Narváez, ingeniero civil y representante de la firma ImproConst, explicó que ahora los predios urbanos ubicados en áreas sensibles por pendientes o sin aptitud física constructiva podrán quedar habilitados.
Para ello, se debe solicitar un informe de favorabilidad, que será emitido de forma conjunta por la Dirección General de Planificación Territorial y la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR).
Además, es obligatorio presentar el Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo (IPRUS), el levantamiento topográfico detallado del predio y los estudios técnicos correspondientes.
Para Narváez, esto es positivo porque permitirá aprovechar suelos inutilizados y, además, reducirá el riesgo que representan las construcciones en zonas con superficies inestables.
“Requerimos, por ejemplo, áreas para bodegas, equipamientos recreativos, actividades turísticas y otros usos compatibles, que pueden desarrollarse en estos terrenos al no generar un impacto significativo”, indicó.
Esta posibilidad, añadió, representa una oportunidad para la activación económica local, ya que permite dar uso a predios subutilizados y generar empleo mediante actividades productivas de bajo impacto.
La ordenanza también establece que, en caso de requerirse la tala de árboles para instalar estas estructuras, el solicitante deberá realizar una remediación en una superficie al menos del doble del área intervenida.
Aprovechamiento de terrenos con construcciones móviles
Para Pablo Rodríguez, ingeniero comercial y asesor en bienes raíces, esta medida permitirá que los propietarios de terrenos no aptos para construcción puedan darles un uso funcional y generar algún tipo de retorno.
Además, destacó que esta flexibilización normativa contribuirá a dinamizar la economía del sector inmobiliario, al abrir nuevas posibilidades de uso para terrenos que antes no eran rentables.
Cree que también incentivará el desarrollo de nuevos métodos constructivos adaptados a terrenos con limitaciones, promoviendo soluciones innovadoras, sostenibles y acordes con las normativas vigentes.
Construcciones móviles autoriza ordenanza del PDOT y PUGS
Las estructuras móviles o desmontables son una alternativa eficiente para terrenos inestables, ya que no requieren cimentaciones profundas y pueden adaptarse fácilmente a diversas condiciones del suelo.
Este tipo de equipamiento puede utilizarse para múltiples fines, como bodegas, centros turísticos, espacios recreativos o ferias temporales, sin comprometer la seguridad de la zona.
Una de sus principales ventajas es que, en caso de presentarse un riesgo natural o estructural, pueden ser retiradas rápidamente, evitando pérdidas materiales y reduciendo peligros para las personas.
Además, su instalación suele ser más económica y rápida que la construcción tradicional, lo que facilita el aprovechamiento de predios inutilizados, promoviendo el desarrollo local y sostenible.
Detalle
El PDOT y el PUGS son instrumentos clave de planificación territorial. El primero establece directrices para el desarrollo cantonal, mientras que el segundo regula el uso del suelo con el fin de lograr un crecimiento estructurado y sostenible.
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