Rectificar. Esta debe ser una palabra de cabecera para cualquier autoridad pública. No solo para pronunciarla. Sería lo de menos. Al contrario, para practicarla.
No se equivoca quien nada hace. Es verdad. Pero quien hace y hace mal y no rectifica comete un doble error.
Una autoridad de elección popular, en el cumplimiento de su responsabilidad, está llamada a tomar decisiones, a proponer a la instancia superior, como es el caso de un Concejo Cantonal por ejemplo, proyectos de ordenanzas, de reformas a otras, pero cumpliendo el marco jurídico, la realidad social, dentro de los tiempos justos, previamente informando a la gente, haciéndola partícipe.
Cuántos contratiempos, escaramuzas, afrentas públicas y potenciales denuncias, se ahorrarían si actuaran de esa manera; peor si toman el nombre de otra institución para justificar los yerros.
Anteponer la carreta a los bueyes, como lo hacen algunas autoridades, pasa factura. No únicamente a ellas. También, y con mayor fuerza, al cuerpo colegiado cuya responsabilidad es legislar y colegislar, fiscalizar, deberse a sus electores, los potenciales afectados; pero no actuar como si nada pasara.
Valga este contexto para destacar la decisión del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien ha dispuesto “generar los informes técnicos y legales”, encaminados a derogar la ordenanza, cuyo punto de controversia y de protestas son las altas multas en las zonas rurales para quienes construyan en espacios sin cumplir con los lotes mínimos.
A la par, plantea liderar una iniciativa a nivel de la Asamblea, encaminada a revisar ciertos aspectos polémicos de la Ley de Ordenamiento Territorial.
Bien harían los legisladores azuayos en tomar nota de esa preocupación.
La propiedad privada, en especial en áreas rurales, estaría sometida a minucias, ajenas totalmente a la realidad social, incluyendo las herencias.
Pretender planificar el territorio sin entender esa realidad es un despropósito.
