La violencia criminal desatada por los grupos de delincuencia organizada provoca otras secuelas, como los desplazamientos internos forzados.
Un problema humanitario, acaso imperceptible, pero tan real como los cientos de asesinatos día tras día; igual de secuestros y extorsiones.
Según el informe global del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego Para los Refugiados, publicado hace dos semanas, en el Ecuador las cifras oficiales de desplazamiento interno por conflicto y violencia superan los 100 mil casos.
“El incremento de la actividad criminal en el país ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, cerrar escuelas y rehacer sus vidas en condiciones de incertidumbre”.
Espeluznante, ¿verdad? Y lo más grave; aquella cifra apenas es superada por Haití (889 mil desplazados) y Colombia (101 mil). Por consiguiente, el Ecuador es el tercer país más afectado de América.
Debido a la delincuencia criminal reflejada, por ejemplo, en la lucha encarnizada por controlar territorios, desde los cuales exporta drogas o impone las “vacunas”, los principales puertos, el narcomenudeo, la minería ilegal, miles de familias enteras migran a otras ciudades o provincias.
Ese inusual movimiento interno ocurre desde Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí, parcialmente en Pichincha.
Sólo del distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil, durante 2024 se habrían desplazado unas 5 mil familias.
Las bandas delictivas, con ejércitos propios de sicarios, a la fuerza sacan de sus viviendas a sus dueños, o estos las abandonan para salvar sus vidas. En otros casos para no pagar las “vacunas” optan por irse, o, simplemente por ya no poder trabajar en paz.
Los desplazados, vayan donde vayan, viven en total incertidumbre, sin trabajo, son mal vistos, dedicados a la informalidad, con casi nada para emprender.
Tremenda tarea para el Gobierno. Si esto sigue así, el país corre el riesgo de ser territorio de desarraigados.
