Si como se sabe y desde hacía muchos años el Sistema Nacional de Contratación de Pública es fuente de corrupción y de sobornos, no generalizada por su puesto, adelante con las reformas propuestas por el Gobierno para ponerla un dique.
Según Ejecutivo, alrededor de USD 930 millones se esfuman cada año en corrupción y sobornos.
En ninguna mente racional puede caber tan temeraria cifra, de la cual se aprovechan unos cuantos vivos, cuyos bolsillos están llenos como para heredar a cinco o más de sus generaciones.
Diariamente, a través de ese Sistema se mueven cientos de millones de dólares en contratación pública tanto en bienes como en servicios.
En 2024 “la contratación pública representó el 22 % del Presupuesto General del Estado, es decir, unos 7.900 millones de dólares. Esto equivale a un promedio de 31 millones de dólares diarios y cerca 960 procesos al día”.
Según entendidos, el Estado no está en capacidad de controlar, de verificar cada contrato, debido a limitaciones de orden legal, caduca quien sabe desde cuándo.
No será únicamente por ese motivo. La corrupción descubre maneras y complicidades para filtrarse aún entre las rendijas invisibles en busca del dinero fácil.
Es voz populi, cómo ciertos contratistas y proveedores obtienen, es decir “ganan”, los respectivos concursos año tras año, a veces dos o tres en una misma entidad pública, como ocurre en ciertos municipios, en los cuales la transparencia es sólo mera propaganda.
Todo comienza con la elaboración de los términos de referencia, proceso clave en el cual los privilegiados, es decir los corruptores, parten con amplia ventaja, comenzando por información privilegiada.
Las reformas tienen cuatro fundamentos: uso de tecnología, transparencia, simplificación de procesos y participación ciudadana.
Desde la ciudadanía deben provenir otras sugerencias y observaciones al proyecto a fin de darle las herramientas necesarias para acabar con un ladronismo casi institucionalizado.
