Un hombre ecuatoriano deportado de Estados Unidos por, presuntamente, participar en el robo de casi un millón de dólares en distintos asaltos a tiendas de la Lotería Nacional en Guayaquil, defendió su inocencia en una carta dirigida a la jueza que llevado el caso, en la que sostiene no estar relacionado con la organización criminal que ejecutó los atracos.
La Fiscalía acusó al guayaquileño de 34 años, Wesly Antonio M., de un delito de delincuencia organizada penado con hasta 10 años de prisión. Se trata del último detenido de una banda criminal formada por 22 personas.
«Me encuentro privado de la libertad por un injusto delito que no he cometido», redactó en el escrito. «La responsabilidad como padre (…) me llevó en la actualidad buscar, honradamente, un futuro mejor para mi familia inclusive arriesgando mi vida a través del cruce de varias fronteras», continuó el procesado para justificar su huida al extranjero.
El presunto criminal, ahora encarcelado en la prisión de El Inca, en Quito, matizó que «el derecho a la libertad es el principio fundamental de todo individuo» y reseñó que es su «legítimo derecho contar con una defensa técnica» para poder demostrar que «es inocente» de lo que se le «acusa».
La banda criminal de la que presuntamente formaba parte el arrestado saqueó hasta nueve locales en un período de seis meses en el sur de Ecuador. Él tenía una notificación roja de la Interpol –vigente desde el 30 de diciembre de 2024–, motivo por el que lo expulsaron de Estados Unidos en un vuelo chárter.
Sobre los robos en Lotería Nacional
La primera vez que las autoridades ecuatorianas tuvieron constancia de las acciones delictivas de este sujeto y su banda fue el 25 de octubre de 2022. Aquel día se llevaron boletos de lotería valorados en 120.000 dólares de un local ubicado en un centro comercial en el norte de Guayaquil.
El dinero sustraído pertenecía a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, encargada de gestionar este concurso nacional. La institución interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra el grupo delictivo.
Después, durante el mes de noviembre, asaltaron hasta cuatro puntos de venta de la zona. La banda criminal cortó los cables de las alarmas y rompió las cámaras de seguridad para que no los vean. Su modus operandi llamó la atención de las autoridades y la Policía Nacional y la Fiscalía comenzaron una investigación para frenar su actividad.
Para ello, revisaron los ingresos de los 22 miembros de la banda, interceptaron sus llamadas telefónicas e investigaron los vehículos utilizados durante los asaltos.
Dos de los acusados confesaron los hechos y fueron condenados a 30 meses de prisión, al abono de una multa de 4.700 dólares y al pago de 43.246 dólares como indemnización económica a la Junta Beneficencia de Guayaquil. (EFE)-(I)
