Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos.
Después de 104 días -desde la declaratoria del estado de excepción ordenada por Lenín Moreno, presidente de la República para contener la transmisión del Covid 19, el 25 % de los funcionarios públicos retoman desde hoy sus actividades presenciales en Quito.
La orden de Moreno del 16 de marzo pasado disponía, entre varias medidas, la suspensión laboral presencial y se instituyó el teletrabajo. Miguel García, presidente de la Confederación de Servidores Públicos, habla de falta de organización para el retorno a las oficinas públicas.
.- ¿Cómo evalúa la modalidad del teletrabajo?
Nuestra primera preocupación es que el teletrabajo es una sobre-explotación a quienes estamos en esa modalidad. Las autoridades no respetan las 12 horas de desconexión, no respetan el entorno familiar, y las quejas en todos los ministerios es que les llaman a cualquier hora. Esto está prohibido.
.- ¿Cómo debería ser regulado?
El ministerio de Trabajo tiene que vigilar y sancionar a quienes no aceptan los parámetros establecidos para el teletrabajo.
.- ¿Cuáles son las perspectivas por el retorno al trabajo presencial?
Especialmente en Quito, la aglomeración es en la plataforma financiera ubicada al norte, donde se concentran las entidades del área económica que reúne alrededor de 5.000 empleados, y la plataforma del área social localizada al sur.
Hace pocos días estuve en la plataforma norte donde funciona el ministerio de Finanzas, pero allí ni el Ministerio de Salud, ni el administrador han realizado ningún arreglo, ni modificación. Lo único que nos piden es que debemos ir con mascarilla, con ropa de manga larga y las señoritas con el cabello recogido.
.- ¿Esto no es una prevención?
Para el mantenimiento de la plataforma norte, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar, que está en proceso de liquidación) se gasta 4.300.000 de dólares anuales, lo que quiere decir que mensualmente destina 360 mil dólares y no han puesto absolutamente nada que vaya en previsión de la salud de quienes vamos a trabajar desde hoy.
.- ¿El Estado debe asignar más recursos para precautelar la salud?
Por supuesto. Nosotros no nos sentimos más protegidos mientras más guardias pongan para cuidar el edificio. Exigimos que si han transcurrido tres meses de confinamiento, era tiempo suficiente para que Inmobiliar haga las modificaciones para que las oficinas de trabajo tengan una mínima separación.
.- Según la visita que usted hizo hace unos días a la plataforma norte ¿cómo están adecuadas las oficinas?
Entre compañero y compañero lo único que nos separa son 10 centímetros con una mampara de vidrio. No se ha hecho absolutamente nada, ni el más mínimo esfuerzo para hacer algo en favor de la salud de los empleados públicos, y aunque dicen que se van a poner turnos de 08:00 a 14:30, y de 09:30 a 16:30 eso no es suficiente porque en algún momento tendremos que retornar todos a las oficinas. Las autoridades tienen que reacondicionar los espacios con al menos un metro de distancia.
.- ¿Qué modificaciones necesitan para sentirse seguros?
Que se evite las aglomeraciones en los ascensores que son focos de contaminación. Nosotros registramos nuestra asistencia vía control digital. Esto tampoco se cambió a pesar de que solicitamos que se haga con control facial para no tener contacto con una superficie común. Con el dedo tendremos que registrar la huella digital sobre una superficie en la que todos presionan. Esto es un riesgo total porque tampoco se puede usar un guante ya que el dispositivo debe lee la huella digital.
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El costo de un registrador facial es insignificante pero parece que no hay preocupación alguna; me parece que hay un negociado con el número de guardias, que tener previsión sanitaria. Si alguien tiene Covid le podría dejar el virus en el dispositivo. Quizá desde la próxima semana, y viendo de cerca los riesgos, las autoridades podrían hacer alguna modificación. (SCC)-(I)
La preocupación de los servidores públicos es en qué se invierte 360 mil dólares mensuales para el mantenimiento de las plataformas.
12 horas de desconexión en el teletrabajo es otra de las exigencias de los empleados públicos, y que se vigilen los parámetros.
