La Fiscalía del Azuay indaga un presunto caso de concusión que habría ocurrido en el Distrito Cuenca Norte de la Policía Nacional, en Cuenca.
De acuerdo con Leonardo Amoroso, fiscal Provincial del Azuay, existe la denuncia de un policía que detalla que al recibir el pase para prestar sus servicios en la ciudad de Cuenca le incluyeron en un grupo de WhatsApp y en los mensajes presuntamente se decía que para adelantar el franco o darle un día más de descaso él debía cancelar la cantidad de 3 a 5 dólares. Y que a través de esta modalidad se exigía el pago.
El uniformado se opuso a la petición y denunció el hecho que ahora está en proceso de investigación.
Amoroso sostiene que el coronel Mario Castro, que se desempeñaba como jefe de la Subzona de Policía del Azuay, dio todas las facilidades para las averiguaciones que iniciaron desde el pasado octubre.
De su parte, el coronel Mario Castro, ayer, durante rueda de prensa efectuada en la Gobernación del Azuay, mencionó que fue designado hace un año como comandante de la Subzona del Azuay y que actualmente ha recibido el pase hacia la ciudad de Quito. Refiere que acata lo establecido por el Ministerio de Justicia, como parte del proceso de transparencia con un pase calificado como temporal.
“Luego de las investigaciones, tengan la absoluta seguridad, que si yo tengo algo que ver, me iré voluntariamente al CRS Turi”, indicó.
El coronel Rafael Pérez fue designado como el nuevo comandante de la Subzona de Policía del Azuay.
Freddy Sarzosa, comandante de Policía de la Zona 6, informó que son dos los oficiales superiores que han recibido el traslado temporal de jurisdicción. Refiere que hay dos investigaciones, una llevada a cabo por Asuntos Internos de la Policía Nacional y otra por la Fiscalía. -(I)
COIP
El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el delito de concusión. Detalla que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)
