Una vez más trasciende el poder corrosivo de la corrupción en el Ecuador tras la publicación de los estudios efectuados por la Fundación Ciudadana y Desarrollo, Transparencia Internacional (TI) y la Cooperación Alemana.
Casi ya a nadie parece asombrar la postración moral de la República. Todos quienes intentan enfrentarla, o terminan desengañados o, en el peor de los casos, inmersos entre sus redes.
Todos los gobiernos llegan con su propia agenda anticorrupción; pero primero se empeñan por integrar sus propias secretarías, queriendo controlarse a sí mismo. La historia registra vergonzosos resultados.
Tampoco la sorpresa es mayor al conocer los sectores donde esa pandemia estrangula. Esta vez, en la “tabla de posiciones” elaborada por las citadas instituciones figuran los partidos políticos, los asambleístas, los jueces y magistrados. No todos por supuesto.
Siguen los banqueros, el Presidente y colaboradores, los funcionarios del gobierno nacional, representantes de gobiernos locales, la Policía Nacional, empresarios, las ONG, periodistas, líderes religiosos y los militares.
Semejante percepción ciudadana, según el reporte, tendría relación con el descubrimiento de nuevos casos de corrupción en el último año. Algunos están en fase de investigación.
Para el 75 % de la población el gobierno de Guillermo Lasso hace un mal trabajo en la lucha anticorrupción; y tres de cada cuatro ecuatorianos están insatisfechos con las medidas tomadas hasta el momento.
A todas luces, no deja de ser un “tirón de orejas” para el régimen, cuyos esfuerzos no le bastan para librarse del juicio ciudadano, en especial por las denuncias de supuestas irregularidades en ciertas empresas públicas.
No menos sintomático es la vieja práctica ecuatoriana de pagar sobornos y el palanqueo.
Así las cosas, según TI, el Ecuador obtiene 36 puntos sobre 100 en percepción de corrupción. En esta oprobiosa ubicación está desde 2021.
