Un centenar de organizaciones universitarias, organizaciones no gubermanentales y activistas de Ecuador, en una misiva pública emitida este jueves, han pedido al Gobierno de Nicaragua que desista sobre la decisión de disolver a la filial en ese país de la Compañía de Jesús, orden a la que pertenece el papa Francisco.
«Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a rever estas disposiciones, no sin antes garantizar el debido proceso para que este tipo de decisiones estatales no se sustenten en normas secundarias contrarias a la Constitución de la República y los tratados y estándares internacionales de derechos humanos«, precisaron.
También los firmantes de la carta han hecho un llamamiento a las autoridades nicaragüenses a «fomentar un diálogo respetuoso y proactivo a favor de los intereses de miles de familias que educan a sus hijos en los centros educativos y se benefician de las obras, desde hace décadas, de la Compañía de Jesús».
Expresaron su «profundo desasosiego y desconcierto por la decisión tomada por la ministra de la Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, de aprobar la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús» por un «presunto incumplimiento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y otras leyes conexas».
Además, recordó que la jueza nicaragüense Gloria María Saavedra dispuso «la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por la Compañía de Jesús«.
«Tanto la ilegalización de la Asociación Compañía de Jesús como la incautación de los bienes de la UCA contradicen las normas constitucionales, que garantizan el derecho a la asociación, y los tratados y estándares internacionales de derechos humanos», añadió el colectivo ecuatoriano.
Además, comentó que «el proceso de ilegalización de las asociaciones y la incautación de sus bienes se mantiene bajo el presunto incumplimiento de normas secundarias y bajo la acusación de fomentar el terrorismo, un tipo penal inaceptable e incongruente con las actividades educativas y sociales promovidas por la Compañía de Jesús, especialmente en Nicaragua y Centroamérica».
La carta difundida este jueves por redes sociales está suscrita, entre muchos otros, por entidades de derechos humanos, culturales, unidades educativas y académicas como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
También por organizaciones no gubernamentales que prestan atención a migrantes y refugiados, grupos religiosos y varias universidades de las ciudades ecuatorianas de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.
Asimismo por académicos, abogados, artistas, médicos, economistas y periodistas.
Las relaciones del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al Gobierno sandinista de Ortega y advirtió del supuesto «desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano. EFE
