Doble discurso

Juan F. Castanier Muñoz

Justo en el momento actual, en que el estado ecuatoriano libra una batalla por la seguridad del pais y en contra de las organizaciones delictivas; justo en este momento, en que la gran mayoría de las agrupaciones sociales han cerrado filas para apoyar todos aquellos esfuerzos que realizan FF.AA, Policía Nacional y entidades gubernamentales, en busca de controlar el auge delincuencial y que la paz y tranquilidad retornen a las calles y plazas del Ecuador, irrumpe, en el aún cargado y tenso ambiente, la dirigencia del correismo para, a través de las reformas al Código Integral Penal (COIP) que se tramitan en el legislativo, intentar meternos un gol desde la media cancha.

Según el procedimiento penal vigente en el Ecuador y, una vez que el autor de un delito  ha sido condenado en firme, es decir, agotadas las instancias de apelación, le queda al reo el recurso de revisión que, bajo circunstancias especialísimas puede ser aceptado a trámite y, negado el cual, la situación jurídica queda “oleada y sacramentada”. Pues bien, las mentes lúcidas proponen ahora una instancia adicional, manejada esta vez por una “comisión internacional” de juristas que, bajo unas condiciones obscuras y ambiguas, “podrían” revisar tal o cual sentencia de los tribunales de justicia del pais. ¡Bingo! Lo que se quiere, y en esto hay que reconocer el descaro nunca desmentido del correismo, es allanar el camino futuro para que un tribunal ad hoc, o sea, “adoc…trinado”, pueda resolver la compleja situación legal de “el innombrable”.

Lo incongruente es que mientras las reformas propuestas al COIP, como el aumento de las penas para ciertos delitos, la eliminación de los privilegios carcelarios, el mayor control en las cárceles del pais, etc, forman parte del informe de la Comisión de Justicia, presidida por un correista, y tienden, obviamente, a crear un marco legal adverso para la inseguridad y la violencia,  la reforma que tiene que ver con este nuevo “recurso extraordinario de revisión”, en cambio, de ser aprobada, abriría las puertas de las cárceles a los delincuentes y se convertiría en un monumento a la impunidad en el Ecuador.  (O)