Hay una percepción por parte del gobierno de Daniel Noboa y de la propia población con la que se piensa que, incrementando las penas a aquellas personas que cometieron distintos delitos se va a disminuir su accionar. Y precisamente, por esa creencia es que la segunda pregunta de la consulta popular, que se realizará el próximo 21 de abril, tiene una relación directa con el aumento de penas para diez delitos.
Estos son: terrorismo, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, y actividad ilícita de recursos mineros.
Sin embargo, para analistas, que realmente esté por darse una disminución en el cometimiento de ilícitos con el aumento de penas, dista de la realidad y de las acciones que necesita el Ecuador.
“Esa medida puede de algún modo ser un disuasivo frente al tema de la delincuencia, pero en realidad las investigaciones han determinado que ese incremento incide muy poco en frenar la delincuencia”, opinó el jurista Carlos Castro.
Para Castro, lo que realmente está necesitando el país es una inversión en su sociedad. Educación, cultura, salud. Servicios básicos para formar a una población vulnerable captada por los grupos delincuenciales.
“El tema se plantea con enorme dosis de populismo penal. Se cree, inclusive, que el derecho penal lo soluciona todo. El derecho penal es la última ratio…Es necesario políticas públicas que ataquen las causas. Políticas económicas, políticas de servicios para toda la población”, agregó Castro.
Impulsar imagen con consulta popular
Y si la pregunta está relacionada con el populismo penal y no habrá mayor cambio en lo que realmente necesita Ecuador, ¿por qué la pregunta forma parte de la consultar popular?
Para el doctor en estudios políticos y constitucionales, Andrés Martínez, lo que busca el gobierno de Noboa es responder a las demandas ciudadanas porque se entiende que, si se aumentan las penas, habrá, en teoría, más seguridad.
A esto se suma la exposición de una imagen que “toma decisiones y que brinda seguridad”, aun cuando los hechos delictivos y violentos imperan en ciertas zonas del Ecuador.
“El aumento de las penas y obviamente el endurecimiento de las mismas buscaría mostrarse (a Noboa) como un pequeño sheriff o marshall que al final del día viene a poner orden”, dijo Martínez a El Mercurio.
No obstante, Martínez también cree que hay problemas estructurales que deben ser tomados en cuenta a corto, mediano y largo plazo. A través de políticas públicas que tengan una vinculación con lo social, educativo, reactivación de empleo, justamente, con el nicho de jóvenes que están siendo reclutados para la realización de las actividades ilícitas.
Pero, por ahora, los ecuatorianos solo tienen 11 preguntas que para el gobierno son la salida de la dura situación que viven miles de personas en los últimos años. (I)
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