En el Ecuador, la libertad de prensa no goza de buena salud. Tampoco en los demás países de la región.
Según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), nuestro país cayó al puesto 110 en el ranking de libertad de prensa. En 2023 ocupó el puesto 80.
Aquello es nada halagador. Más bien es el reflejo de una serie de factores negativos. Esto tampoco es bueno para la democracia y las demás libertades.
El ejercicio periodístico siempre ha estado a merced de las ínfulas de los gobiernos de turno, cuando no de sus comportamientos viscerales y de sus ideologías totalitarias.
A la falta de garantías, así consten en leyes, la libertad de prensa ahora es víctima del crimen organizado y de los cárteles internacionales del narcotráfico; igual de la hostilidad y hasta de cierto menosprecio de quienes ostentan el poder en los diferentes niveles de gobierno.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso eran evidentes las amenazas de las bandas criminales, de sus operadores políticos, incluso de los mandos medios pero con “poderes ocultos”, cuando se vieron descubiertos por casos de corrupción denunciados.
Varios periodistas optaron por salir del país para precautelar sus vidas. Igual ocurre ahora, en especial tras el asalto a TC Televisión en enero de 2024. Algunos reporteros, rehenes durante varias horas por delincuentes avezados, han solicitado asilo a los Estados Unidos.
Sucede lo mismo tras el destape del caso Metástasis. Suele ocurrir también en tiempos electorales, cuando el país se polariza más, y el buen periodismo se niega a ser mero portavoz de los candidatos, peor de sus ofertas, sino a hurgar cuanto esconden y sus verdaderos intereses.
Según RSF, el trabajo periodístico está en peligro en zonas fronterizas como Esmeraldas y El Oro, donde están los cárteles, diríamos también la minería ilegal y el tráfico de armas.
El informe de RSF debe llamar la atención del Gobierno, de los demás poderes del Estado, en especial de la sociedad.
