Asociaciones mineras salieron ayer a las calles del cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez para defender siete concesiones entregadas bajo contratos de operación por la Empresa Nacional Minera (ENAMI-EP).
Las concesiones fueron incautadas en el 2012 por el Estado a través de la Agencia de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso Mercantil UGD-CFN No Más Impunidad UGEDEP a las compañías Gaby Panamá Corporation, Oromining S.A y Guadalupe Mining Corporation. Estas fueron cedidas y transferidas en el 2013 a la empresa Enami-EP, según información publicada por la propia empresa en su página oficial de Internet.
Las siete concesiones mineras son: “Muyuyacu” código 3622; “Guadalupe” código 30.1; “Fermín Bajo” código 101405; “Río Villa 2” código 100961; “Villa Sur” código 101558; “Río Tenguel Este” código 102875; y, “Río Negro” código 102891.
Dictamen
En marzo de 2019 la Jueza de la Unidad Penal 2 (Guayaquil) aceptó un acción de protección presentada por la compañía Oromining S.A (apoderada de la compañía Guadalupe Mining) en contra de la empresa ENAMI-EP, el Banco Central del Ecuador y la Procuraduría General del Estado. La compañía Oromining S.A demandó la vulneración de sus derechos constitucionales de propiedad, proceso y seguridad jurídica por la incautación de sus concesiones mineras.
El abril del mismo año la jueza ordenó la reversión de la incautación de las primeras seis concesiones mineras. En febrero de 2020, Oromining S.A -que asumió también la representación de Gaby Panamá- presentó una solitud de modulación, con ello, se sentenció en junio la devolución de la séptima concesión minera.
Exigencia
Los mineros, en especial de tres asociaciones y compañías: “12 de Octubre”, “Minervilla” y “Asopromipen” -que mantienen contratos con la empresa ENAMI-EP- exigieron ayer a la Corte Constitucional que se admita para trámite una acción extraordinaria de protección presentada en octubre de 2019 por la ENAMI-EP debido a que se desechó previamente un recurso de apelación.
“Todavía existe un espacio en el que se puede pelear legalmente (…) Exhortamos a la Corte que admita la acción extraordinaria, en la que nos permitan intervenir a nosotros a través de un “amicus curiae”, y poder demostrar- lo que no pudieron las autoridades (…) Nosotros conocemos el proceso, la realidad del cantón y de la operación”, dijo Jorge Arias, asesor jurídico de “Minervilla”.
La sentencia de la jueza, según dijeron, pone en riesgo unas 5.000 plazas de trabajo de quienes viven directa o indirectamente de la actividad minera.
De acuerdo con Iván Leyva, representante legal de la asociación “12 de Octubre”, la protesta tuvo como objetivo que el Presidente de la República –a quien ya se envió una misiva- conozca el sentir de los pequeños mineros que conforman las asociaciones.
Otros dirigentes advirtieron con una protesta más radical e indefinida, si no se da paso a las peticiones que afectan el trabajo de miles de personas.
La empresa ENAMI-EP, en su página oficial, expuso que ha realizado todas las acciones constitucionales necesarias para impulsar la admisión y aceptación de la acción extraordinaria de protección.
Sin embargo, no se puede suspender la ejecución de la sentencia hasta que la Corte Constitucional admita dicha acción legal, la tramite y la resuelva. (BPR)-(I)
Dirigente advierte “serios riesgos”
Para Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería de Cuenca y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Minería, la sentencia de la jueza pone en riesgo la minería en Camilo Ponce Enríquez, ya que gran parte de las actividades mineras se cumplen en estas concesiones.
Como representante gremial apoya “frontalmente” a estas asociaciones -que apunta- «han invertido muchos recursos económicos» en la zonas en controversia.
“Si se ejecuta la sentencia se darán serios problemas (…) Los mineros no van a aceptar que lleguen otras compañías -y negocien con ellos- contratos de operación en otras condiciones de las existentes con la empresa ENAMI-EP”, manifestó Vargas. (I)
