Los plazos del calendario electoral se complican por los dictámenes del Tribunal Constitucional

Imagen referencial de los comicios en Ecuador. Archivo El Mercurio

Varias han sido las decisiones que se han adoptado en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de candidaturas que han incumplido con normas y requisitos, pero que posteriormente han sido revertidas para cumplir con sentencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Hoy, ese tira y afloja entre los dos organismos le pasa factura al calendario electoral, que está al borde de ser incumplido, según advertencias de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Los más recientes fallos del TCE obligaron al CNE a aceptar la inscripción de la candidatura para asambleísta nacional del expresidente Abdalá Bucaram; a validar al binomio de la Alianza Unión por la Esperanza (correístas), integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall; y a permitir que Justicia Social, movimiento que auspicia al empresario Álvaro Noboa, realice sus elecciones internas e inscriba a sus postulantes.

Es precisamente este último tema el que más preocupa a la presidenta del CNE, pues el organismo deberá otorgarle a Justicia Social un plazo para que efectúe su proceso de democracia interna, que podría tomarse hasta 10 días.

Aun cuando las candidaturas sean inscritas de forma inmediata, el pleno del CNE deberá otorgar 2 días para que las organizaciones políticas presenten sus impugnaciones, si se registran objeciones, el organismo cuenta con 2 días más para decidir. Pero lo realmente preocupante para Atamaint es que se presenten apelaciones ante el TCE, el cual tiene hasta 15 días para emitir una sentencia.

Este caso en particular podría provocar atrasos en el calendario electoral, aunque la presidenta del CNE advierte que la fecha del sufragio, establecida para el 7 de febrero del 2021, es inamovible.

“Todo dependerá de cómo se desarrollen cada uno de los procesos que se deberían realizar según la disposición del TCE, las decisiones que se toman en el CNE son susceptibles de impugnación y apelación hasta la última instancia, que es el TCE y eso sí complicaría seriamente el cumplimiento del calendario electoral y eso para nosotros sí es una preocupación, pero es un derecho irrenunciable que tienen los sujetos políticos”, dijo Atamaint.

Ayer las autoridades del CNE y del Instituto Geográfico Militar (IGM) se reunieron para analizar los escenarios del posible retraso del cronograma de impresión de las papeletas y documentos electorales, que debería arrancar el próximo martes 15 de diciembre.

“El director del IGM está preocupado, todos estamos preocupados, hemos analizado varios escenarios de cómo se trastocaría esta planificación, pero lo que buscamos es que no se afecte la integración del paquete electoral, su distribución y que llegue a tiempo para realizar las elecciones del 7 febrero”, dijo Atamaint, quien informó que el cambio en el calendario también incrementaría el presupuesto, pues implicaría modificaciones de contratos y la extensión de los contratos del personal.

Sin control de planes de Gobierno

Ayer el movimiento Unión Ecuatoriana retiró de forma oficial el apoyo a su candidato presidencial Giovanny Andrade, por haber entregado ante el CNE un plan de Gobierno cuyo porcentaje de copia de Wikipedia llegó al 61%, sin embargo, según lo manifestó Diana Atamaint, este tipo de documentos no pasan por ningún tipo de control, por lo que su contenido podría ser cualquiera.

Según Atamaint, la responsabilidad del CNE consiste solo en verificar que las organizaciones políticas cumplan con la entrega del documento, lo cual es un requisito. Afirmó que un posible plagio deberá ser investigado por la justicia ordinaria y advirtió que las candidaturas son irrenunciables, por lo que no acogerán el pedido de Unión Ecuatoriana para reemplazar a su candidato presidencial.

El plan de Gobierno de los candidatos solo es sujeto de análisis si ganan las elecciones e incumplen sus compromisos, lo cual es motivo para solicitar la revocatoria de su mandato. (I)