Carta al defensor nacional del pueblo

Alberto Ordóñez Ortiz

Los contratos de última hora de un gobierno que agoniza, causan más de una interrogante, ni se diga si se trata de concesionar la Refinería de Esmeraldas –nuestra principal fuente de ingresos- a una empresa extranjera. Y más, si es un contrato en el que el signo de los dólares alcanza cifras exorbitantes. ¿Por qué se celebran en esas extrañas condiciones? ¿Por qué? Cuando ocurren cosas así, la duda se erige en un campo minado por la sospecha. Algo ocurre. Algo que derrumba el sólido edificio de la lógica. Entre tanto, la pingüe concesión se pasea como Pedro por su casa.

La falta de normas que prohíban la suscripción de contratos con por lo menos 3 meses –o más- de anticipación al término del respectivo gobierno, salvo casos excepcionales calificados por la Contraloría, viabiliza esas truculentas situaciones. Pero en acto de generosidad que toca el cielo con las manos, se asegura que el IESS Y EL ISSFA serán beneficiarios del paquete accionario. ¡Que altruismo! ¿Y si quiebra?

El Ministro de Energía, delegado de “manera excepcional” mediante decreto ejecutivo de 10 de julio del 2020 –con suficiente antelación- para que reglara a gusto la concesión, no se sonrojó al informar que había una sola propuesta. Qué raro. Nada dijo tampoco sobre la ganancia de la concesionaria, aunque se asegura que usualmente oscila entre el 60 % al 80 %. ¡Guau! ¡Que cifras! Asustan al más pintiparado. Bueno en cosas del petróleo sólo priman los turbios intereses de los contratantes. El dichoso Ministro fijó el 23 de abril como fecha para su adjudicación, esto es a 31 días de que el morenismo estire la pata. Por favor, Señor Defensor Nacional del Pueblo, –el país lo exige -sírvase plantear una medida cautelar constitucional que suspenda la siniestra concesión; y, por favor, señor Contralor, sírvase hacer lo suyo. (O)