Luego de algo más de un año del derrame de petróleo en el río Coca, más de 105 comunidades indígenas afectadas muestran, mediante mensajes y videos difundidos en redes sociales, que todavía no hay ninguna reparación ambiental, evidenciando no sólo que el sistema de justicia ecuatoriano ha fallado, sino que vivimos bajo un Estado que está cometiendo –por acción y omisión– un etnocidio y un ecocidio de imponderables e irreversibles consecuencias. ¿Hasta cuándo intervendrán las autoridades ecuatorianas? ¿Hasta cuándo reaccionará la sociedad ecuatoriana para exigir reparación inmediata? ¿Hasta cuándo se fiscalizará a quienes por 14 años incrementaron su capital político con discursos engañosos como los derechos de la naturaleza? Así como sabemos que los problemas ambientales para las comunidades ribereñas de los ríos Coca y Napo –donde los derrames son regulares– son constantes, sabemos que hoy es vital y urgente exigir la atención inmediata de toda la estructura estatal para enfrentar la agresiva e imparable erosión que está llevándose las riberas del Coca. 105 comunidades están sufriendo por hambre y por carencia de agua, a pesar de la enorme riqueza que han entregado desde sus territorios al erario nacional. ¿Hasta cuándo sufrirán estos pueblos? (O)
