Tensión social en el país

Se tensan las relaciones entre varias organizaciones sociales con el gobierno de Guillermo Lasso.

Tan pronto como el FUT y otros gremios convocaran a movilización para este 11 de agosto, la CONAIE se apalancó en este mismo plazo para exigir la derogatoria del alza gradual del precio de los combustibles; al igual que terminar la política minera, y disponer la reestructuración de las deudas de parte del sistema financiero.

Esas organizaciones, si bien no lo dicen de manera explícita, apuntan a radicalizar las protestas. Tienen agenda propia, basada en lo que, según sus dirigentes, debe hacer el gobierno.

La realidad, la cruda realidad del país, sobre todo la económica, como que poco pesa a la hora de exigir, exigir y exigir.

Eso, mientras millones de ecuatorianos, golpeados por esa crisis, agravada por la pandemia, claman porque el gobierno cree fuentes de trabajo, fomente inversiones para este mismo fin, acelere el plan de vacunación, y haga todo cuanto sea factible para recuperarse económicamente.

El Presidente fue categórico al responder que no se hará lo que una organización quiere que haga, sino lo que convenga al país. Es más, advirtió que tras las amenazas hay otros intereses, los más, protervos.

Surge así una especie de fuego cruzado, similar al que derivó en los aciagos sucesos de octubre de 2019.

El precio de los combustibles ha sido el detonante de “incendios sociales”; pero el gobierno insiste en que tiene lista la focalización de los subsidios. Por décadas el Estado los ha subsidiado. Los principales beneficiarios son los contrabandistas, el narcotráfico y los que sí pueden pagar precios reales.

En momentos en que emergen las amenazas; en que otros, agazapados esperan el “estallido” para sacar provecho, es cuando el gobierno y los sectores que reclaman, dialoguen.

El diálogo será provechoso si se parte por entender la realidad del país, la del Estado; también de quienes se debaten en la pobreza y extrema pobreza, a favor de quienes hay que gobernar.

Sin echar de menos el derecho a protestar, lo que el país menos quiere son levantamientos con violencia, saqueos y sangre.