Lasso ordena protección militar para candidatos presidenciales

Militares brindan seguridad a los ciudadanos en sus centros de votación durante la jornada de elecciones generales. FOTO EFE

El presidente Guillermo Lasso ordenó la noche del jueves 24 de agosto de 2023 a las Fuerzas Armadas fortalecer la seguridad de los dos candidatos presidenciales finalistas a sucederlo en el balotaje del próximo 15 de octubre: la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa.

En un mensaje publicado en redes sociales, Lasso aseguró que ha dispuesto que las Fuerzas Armadas «se encarguen, de forma inmediata, de la seguridad de los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa«.

«Nuestra democracia va a salir fortalecida de este proceso electoral y para ello es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo«, remarcó el gobernante ecuatoriano sobre un proceso electoral marcado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio antes de la primera vuelta celebrada el domingo.

El pasado domingo, González y Noboa, en ese orden, obtuvieron las mayores votaciones de la primera vuelta electoral de entre los ochos postulantes inscritos para los comicios presidenciales, con lo que se ganaron el derecho de pasar a la segunda ronda o balotaje.

González, del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa y líder de la Alianza Democrática Nacional (ADN), ya gozan de protección policial permanente, que se redoblará con la presencia de militares.

El reforzamiento de la seguridad en torno a los candidatos presidenciales obedece al ambiente de inseguridad que vive el país desde hace un par de años y que recrudeció durante la campaña electoral de la primera ronda con el asesinato de Villavicencio el pasado 9 de agosto, cuando salía de un mitin de campaña en Quito.

En las votaciones del pasado domingo, González y Noboa fueron protegidos por militares cuando ejercieron el voto.

El actual proceso electoral responde a una decisión del presidente Lasso que en mayo pasado invocó el mecanismo constitucional conocido como «