OPINIÓN|
Los jueces que conocieron el recurso de casación planteado por los Abogados del Ex Presidente Correa, llegaron a determinar que el recurso era una triquiñuela, para cambiar el estado de las cosas consignadas en sentencia, y que el delito por el cual fue acusado se había probado, con prueba contundente que no deja duda alguna. Establecieron una estructura de corrupción, donde todos los procesados, fueron instigados por Rafael Correa, Delgado y Jorge Glas, para solicitar sobornos a empresarios privados, a cambio de adjudicarles contratos de obras públicas. El dinero era utilizado en proselitismo político del movimiento Alianza País, y en beneficio personal. Se evidenció delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado, con una apariencia de legalidad. Rafael Correa y Jorge Glas “actuaban a través de dos grupos de funcionarios, aquellos que recibían los pagos indebidos y otros que, desde sus diferentes cargos, otorgaban los contratos a quienes realizaban los pagos”. Así, se organizó una banda criminal, que trasgredieron toda norma y conducta legal. Correa desde el 2007 al 2017, concentró el poder en sus manos, actuó como dictador y autócrata, controlando las funciones del Estado Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia, conculcando la institucionalidad del Gobierno ecuatoriano, fue tan audaz, que no dudo en hacer surgir un grupo de personas, de su entera confianza para cometer sus fechorías, bajo la seguridad de una certera impunidad, para ello nombró jueces y fiscales a su orden, persiguió a quien osaba denunciarlo, destruyó gremios y sindicatos procediendo a reprimir, encarcelar y humillar a los dirigentes gremiales que protestaban, esta fue una época triste para nuestra Patria que queremos que nunca se repita. (O)
