Debo indicar, para tranquilidad de los psicólogos, que ésta no es una respuesta psicológica, sino política. El hecho de que la preocupación por la “salud mental” se haya generalizado, y haya llegado incluso, a ser considerada como política de Estado, indica que se trata de un síntoma de una cuestión más profunda.
En primer lugar, porque la disfuncionalidad de las personas que soportan un sistema disfuncional no debería ser considerada como un problema subjetivo, sino como uno colectivo. Hacerlo, siguiendo a Mark Fisher, significa confirmar que la “patologización en sí misma ocluye toda posibilidad de politización”.
En segundo lugar, en un tipo de sociedad donde el control ya no se ejerce a través de la disciplina violenta sino mediante dispositivos de control instalados en la propia conciencia del sujeto, el inadaptado básicamente lo sería en la medida de una disfuncionalidad con respecto a ese esquema de poder que organiza y gobierna la vida. Y a pesar de que intuimos que el sistema es pernicioso, no se puede cuestionar su esquema de poder (porque no tenemos ni el saber ni las capacidades políticas para eso), y, por tanto, la salud estaría siempre en el sometimiento del individuo. No hay alternativa (a menos que construyamos otro saber). (O)
